Cuaderno Ð Madrona    

   

   

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______ Clamores___

Disparates constructivos amparados por transgresiones municipales


Durante el llamado boom inmobiliario se consumaron disparates que, aun manifestándose como tales ante nosotros, fueron consentidos y aun impulsados en una especie de orgía colectiva en torno al ladrillo. Lo llamativo de esta juerga es que las instituciones públicas, incluidas las Cajas de Ahorro, los Ayuntamientos, las Intervenciones... lejos de servir de contrapeso y sofocar la locura, en un alarde de irresponsabilidad e insensatez, se unieron a este vendaval y lo agravaron en muchos casos de una forma irreversible, con el mismo resultado de que fuimos los ciudadanos quienes pagamos de nuestro bolsillo las consecuencias, como es el caso de los rescates (de bancos, de autopistas…).


Pero, aunque no todos los disparates se engendraron en esa época, algunos que ya venían de atrás se agrandaron con aquella calentura y todavía hoy permanecen consolidados y aceptados por la sociedad y sus instituciones sin que se ponga un poco de cordura para detenerlos. El hecho de que en algunos pueblos y ciudades de Castilla y León se estén revisando los PGOU, para devolver a su situación original las demasías de los terrenos calificados como urbanizables es un dato a reconocer.

Uno de los aludidos disparates, que afecta a pueblos y ciudades, consiste en la reconversión de un solar en un bloque de apartamentos o pisos. Pongamos el caso de una propiedad agraria en cualquier pueblo, que contiene, por ejemplo, una vivienda, un corral y varias dependencias que sirven a la actividad de la familia. La actividad agraria cesa, el titular fallece, y se presenta un constructor con la propuesta de reconvertirlo todo ello en un bloque de pisos o apartamentos. A primera vista esto supone un impulso para el pueblo (barrio, ciudad...) en todos los sentidos, pero un análisis detenido nos muestra la siguiente síntesis.

Ganadores

Con la antedicha propuesta, el primer ganador que aparece es el propietario del solar, que obtiene un beneficio muy ventajoso en comparación con otras posibilidades para su vivienda, solar o superficie.

El segundo es el Ayuntamiento, que se embolsará todas las tasas e impuestos por licencias de obras y todos los pasos gravables que conforman el expediente de construcción. A su vez, seguirá ingresando, y ya para siempre, el IBI de cada unidad y las tasas e impuestos por acometidas, suministros y servicios.

En el apartado de los profesionales que intervienen en el proceso destacan como netos ganadores en primer lugar el constructor, que obtiene multiplicados beneficios con la venta de las viviendas y locales. A este le siguen el arquitecto, el aparejador y otros profesionales.

Ganan las compañías abastecedoras de suministros, que de una sola acometida pasan a decenas.

Gana, aunque sólo sea por un momento, la economía (la no productiva) que cuelga de la actividad constructora, incluido el empleo.

Entonces, ¿no pierde nadie?.

A la hora de sacar conclusiones sobre este fenómeno tengo muy en cuenta un axioma tan contrastado como simple: en las transacciones económicas, como en muchas de otra índole, lo que unos ganan, otros lo pierden. En simetría con la energía, que no se crea ni destruye, tan sólo se transforma.

Perdedores

En consecuencia, hay perdedores. El primer perdedor es el pueblo en su conjunto y en varios frentes.

A partir de la ocupación de decenas de familias donde antes sólo había una, los pobladores habrán de soportar, si pueden, la nueva presión sobrevenida en varios frentes: espacio, ruido, circulación, etc. En cualquier pueblo cada persona en activo necesita de un vehículo, por lo que pronto se comprueba que no hay espacio suficiente para el aumento de vehículos llegados con los nuevos vecinos, por lo que éstos invaden, debida o indebidamente, espacios y solares antes libres y disfrutables por toda la comunidad y, por añadidura, crean los correspondientes conflictos. Pierde la conformación y la fisonomía que durante cientos de años ha mantenido la localidad. Muchos pueblos han destruido las peculiaridades que antes les hacían atractivos y disfrutables con la construcción de termiteros y mamotretos. Si nos fijamos en lo ocurrido alrededor de la ciudad de Segovia, comprobamos como un cordón de pueblos, tras un crecimiento descontrolado, sin armonía ni proporción, han perdido para siempre su fisonomía histórica, su identidad y cualquier atractivo que tuvieran antes, puesto que se han convertido en meros conglomerados periféricos, poblaciones dormitorio.

Además, en este tipo de procesos, tan rápidos e inesperados, la asimilación de los cambios, cualitativos y cuantitativos, que afectan a la vecindad nunca se produce con normalidad, porque su inicio y desarrollo tampoco son normales, y tiene sus consecuencias.

En el tiempo que residí en el barrio de Tetuán, en Madrid, tuve la oportunidad de observar partes de su transformación, algo que ocurría también en otros distritos. Repetidamente, allí donde había un edificio de ladrillo visto, de dos plantas, con cuatro viviendas, se edificaba un bloque de varias decenas de pisos o apartamentos. Las calles, muy estrechas, mantuvieron las mismas medidas. Cualquier lector puede imaginarse por él mismo las consecuencias de estos disparates o puede comprobarlas presencialmente hoy mismo.

La acumulación de estos inconvenientes consigue más pronto que tarde devaluar de forma irreparable el lugar; esta devaluación afecta directamente a la calidad de vida de los nuevos y viejos vecinos, que comprueban también cómo los inmuebles pierden valor y precio debido a la adulteración de su función y naturaleza primigenias.

La imagen de una vivienda tradicional de planta baja, jalonada por sendos bloques de viviendas es patética. Si a esto sumamos las madejas de mangueras de los tendidos eléctricos, con sus ruidos ocasionados por la subida de tensión que requieren las calefacciones e instalaciones de los nuevos hogares; los vehículos que le roban el espacio de su fachada, las calles cada vez menos transitables y otras tantas perturbaciones, tangibles o no, obtendremos una composición de lugar.

De otra parte, las ganancias de las arcas municipales, tan aplaudidas y celebradas en un primer momento, se relativizan cuando los Ayuntamientos han de afrontar las nuevas necesidades que exigen estos amontonamientos. Deben adaptar sus infraestructuras a las nuevas demandas de abastecimientos y servicios; es común que esta adecuación no se produzca en forma debida y se sucedan conflictos con los residentes por anomalías en su gestión y funcionamiento. Las áreas más afectadas son las más sensibles: los abastecimientos, la sanidad, la enseñanza, la movilidad, los servicios sociales y culturales… y una larga lista que desborda la documentación de las hemerotecas.

Además, esta constatación nos ofrece una conclusión desmoralizadora: ninguno de los que han organizado o permitido el carajal, ninguno de los del grupo de ganadores, va a vivir allí. Ningún responsable va a padecer las consecuencias de sus acciones, pero los que pierden sí, éstos permanecerán encadenados día tras día a ese inmueble que tan bien compraron, y ya será para siempre porque permanecerán presos de su elección hipotecaria.

Los Ayuntamientos son los responsables máximos porque lejos de velar por el interés general, no sólo impiden o controlan la especulación sino que se hacen partícipes de ella junto con los economistas y empresarios. Pero las corporaciones municipales están compuestas de personas de carne y hueso y, como dijo Cervantes, de los hombres se hacen los obispos. Este es uno de los casos en los que, cuando no funcionan bien las instituciones, por la mala preparación o intención de sus responsables, el sistema se resquebraja, se produce el desafecto, la desconfianza.. y se entra en un círculo vicioso cuya factura siempre pagan los ciudadanos.

Todos.

Solución.

La función que justifica la existencia de instituciones públicas es la de salvaguardar el interés general de cada colectividad; la prevalencia del bien común, como se decía antes, y esa es la máxima que debe presidir todas y cada una de sus actuaciones, incluidas la de producir normas y la de impedir que unos se beneficien a costa del perjuicio del patrimonio público. Quienes deciden sobre lo que a todos nos afecta, deberían considerar en todo momento el bien público como un deber personal (pero nos encontramos en muchos casos con la actuación inversa).

En el caso que nos ocupa, puede que haya varias formas de romper este círculo vicioso, pero echando mano de la lógica enseguida aparece la primera: los órganos competentes de cada Ayuntamiento, antes de conceder licencias de construcción, habrán de conocer y considerar las condiciones exactas del lugar concreto para el que se pide la licencia. Y, de entre ellas, la del espacio que requiere tanto la construcción solicitada, como el que necesitarán los futuros ocupantes, debería ser decisiva a la hora de conceder licencias o aprobar los planes de ordenación urbana. El apartado de las infraestructuras es asimismo determinante. Donde antes existía una sola acometida de agua y un solo desagüe, ¿se pueden multiplicar por 10 o por 100 cada vez que se solicite? En el solar donde antes había un edificio de menos de tres metros de altura, un corral y dos cuadras, ¿se puede edificar en toda su extensión, ocupándolo por entero y levantando varias alturas? Me consta que hay algunas normas que tratan de impedir estas barbaridades, pero si no se obliga ni se vigila su cumplimiento, tanto da.

Estropeamos alegremente la fisonomía, las calles, los entornos de nuestros pueblos y ciudades y después viajamos para admirar y fotografiar como turistas aquellos otros que se han mantenido fieles a su originalidad y naturaleza.

En cualquier clasificación sobre los pueblos, o ciudades, más bonitos de España se comprueba que su belleza parte de algo que todos comparten: la fidelidad a su originalidad, la preservación de sus espacios, la armonía constructiva.....¿Podemos imaginar que en Pedraza, por ejemplo, se autorizara intercalar bloques de apartamentos en sus calles? Todos sabemos la respuesta: no, porque su patrimonio arquitectónico está protegido. Pues eso es lo que se reclama desde estas líneas, que todo patrimonio arquitectónico debe ser protegido, porque los valores arquitectónicos no son los únicos que comparten el don de lo valioso, de lo sensato, lo racional y de lo conveniente al interés general.


Fernando A.C. enero 2019

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